La muerte de Yaneisy Rodríguez, una niña de apenas cuatro años de edad, en la que participaran, presuntamente, dos menores, ha vuelto a colocar en la palestra pública el tema de la delincuencia juvenil y las penas que contempla la Ley 136-03 o Código del Menor.

La sangre vertida por la inocente criatura manchó las manos de sus verdugos, pero también salpicó los recovecos de la conciencia social, la cual solo despierta de su letargo cuando eventos como éste la estremecen.

Refiriéndose a esos menores de edad, abundan las frases de repudio. Pocos permanecen inmutables ante estos dantescos crímenes que enlutan a la familia dominicana, manifestando sentimientos de dolor e indignación.

Aunque hay quienes tan solo se rasgan las vestiduras, asumiendo posiciones populistas, revalidando la frase de uno de los grandes éxitos de Los Guaraguao, aquella agrupación musical de la década de los 70s: “Odias tanto la injusticia que hasta rabia a ti te da”.

La mayor parte de las opiniones convergen en la guillotinesca idea de que las sanciones deben ser mucho más drásticas, ya que ocho años de reclusión como pena máxima resultan benignos, por lo que los autores deben ser juzgados como adultos. Es frecuente leer y escuchar afirmaciones como “si fueron hombres para matar, deben serlo también para responder ante la justicia”.

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Sería saludable revisar la normativa jurídica que regula la materia. A eso no nos oponemos, ya que con esta medida se estaría enmendando posibles falencias.

Sin embargo, lo que resulta altamente preocupante es que tales aseveraciones, en una muy alta proporción, son el producto de la ira y la impotencia no solo de las familias de las víctimas, sino de la sociedad en su conjunto, la cual, en una suerte de catarsis colectiva, traduce sus sus frustraciones acumuladas y sus anhelos ancestrales de justicia frente a un Estado cuyas políticas en materia de desarrollo humano, inclusión y promoción de la convivencia pacífica, exhibe profundas debilidades.

Las demandas de la población en el sentido de más años de prisión para los menores, por lo regular, no toman en cuenta la dimensión científica de las propuestas que se plantean, y esto aplica no solo a los menos aventajados en términos de acceso a la educación, sino también a muchos profesionales que dan riendas sueltas a sus sentimientos más primarios mientras sacrifican una visión integral de la problemática.

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Sin embargo, esto último es justo lo que se precisa como premisa de cualesquiera soluciones que se propongan.

Reducir el análisis de la responsabilidad ante la ley de los niños y los adolescentes a la pretensión de equiparar el impacto de su comportamiento antisocial con los años que deba permanecer en prisión haciéndolos pasibles de un tratamiento como adultos, se nos antoja en un recurso simplista que ignora no solo los principios que rigen su desarrollo cognitivo y moral, sino también la naturaleza multifactorial de la conducta humana en sentido general.

Por vía de consecuencia, para la adopción de medidas efectivas que procuren evitar que casos como el de Yaneisy se repita, se hace imperativo el abordaje multidisciplinario y con el mayor rigor científico de la problemática, sin pasiones y, sobre todo, sin la demagogia y el oportunismo que solo persiguen embriagar a las masas, jamás procurarles una verdadera justicia.

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