Néstor J. Saldívar I Foto: fuente externa
Por Néstor J. Saldívar
El pasado 1 de julio entró en vigencia la ley SB 1718 firmada por el gobernador del estado de Florida Ron DeSantis, aspirante a candidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano. La nueva legislación ha provocado cambios extensos en las políticas estatales de inmigración en respuesta al esperado aumento de migrantes en la frontera. Esta acción sigue al levantamiento de las restricciones del Título 42 sobre la dinámica migratoria fronteriza, implementadas durante la pandemia. Las consecuencias de la aplicación de la norma comienzan a sentirse en el estado número 27 de la Unión.
Las principales medidas del reciente marco legal incluyen penalidades de hasta quince años de prisión por emplear, contratar o reclutar personal que no esté autorizado a trabajar en los Estados Unidos y sanciones para quienes transporten a inmigrantes indocumentados. Asimismo, la ley expande los requisitos de selección y verificación de empleo (E-Verify) para todos los empleadores que tengan 25 o más trabajadores. En el sector salud, los hospitales tendrán que levantar información sobre el estatus migratorio de los pacientes y se incrementará el presupuesto de transporte para trasladar a inmigrantes a otros lugares de Estados Unidos. La normativa también otorga mayores poderes al Departamento de Aplicación de la Ley (FDLE en inglés), para hacer cumplir la ley migratoria.
Según la investigación de KFF, las modificaciones que se están implementando podrían tener impactos de gran alcance en las familias inmigrantes, no solo en aquellas que no tienen autorización legal. En Florida, hay aproximadamente 1.8 millones de inmigrantes no ciudadanos, que abarcan más del 8% de la población del estado, incluidos aquellos que están legalmente presentes e indocumentados. Muchos de sus residentes pertenecen a familias de inmigrantes que pueden estar integrados por personas con diferentes estatus migratorios, como niños nacidos en Estados Unidos.
Diversos medios de comunicación han reportado que desde antes de la entrada en vigencia de la ley, decenas de familias latinas comenzaron el éxodo a otras locaciones de Estados Unidos, donde las leyes son más flexibles. Esto ha impactado directamente el mercado laboral floridano, especialmente en el área de la construcción, cuya mano de obra en este ramo está compuesta por más de un 23% de ciudadanos extranjeros.
Las regulaciones recientes que exigen que los hospitales recopilen información sobre el estado migratorio pueden crear inquietud entre las familias inmigrantes, disuadirlas de buscar asistencia médica y, en última instancia, generar impactos adversos en la salud. En respuesta a estas preocupaciones, la Asociación Médica Estadounidense recomienda no documentar el estado migratorio en los registros de salud, por entender que van en detrimento del bienestar general de las personas presentes en Estados Unidos.
Según Bloomberg, las empresas que utilizan E-Verify para evaluar a los nuevos empleados deben cumplir con los requisitos del sistema. Si no lo hacen tres o más veces en dos años, se le impondrá una multa de $1000 por día y la suspensión de la licencia. Esto podría generar una pérdida potencial de $12.6 mil millones de dólares y afectar a industrias como la construcción, el comercio minorista, la agricultura, entre otras. Estas industrias emplean alrededor de 391,000 trabajadores indocumentados, lo que representa alrededor del 10% de la fuerza laboral.
Esta ley es una muestra adicional de la imperante necesidad de atender el tema de una reforma al sistema migratorio estadounidense, una que sea integral y recoja lo bueno de cada uno de los sectores de la economía y lo mejor de entre las propuestas bipartidistas que ya comienzan a observarse en el escenario político. Esa eventual reforma ha de considerar las necesidades particulares que tienen los estados de ser más autosuficientes en la creación de leyes específicas para atender asuntos migratorios en procura de la sostenibilidad económica y seguridad colectiva.
El Lic. Néstor Saldívar posee una maestría en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es abogado y comunicador, antiguo director asociado de comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la región del Caribe. Obtuvo la visa EB-2 con la exención por interés nacional en base a sus propios méritos en tan solo 45 días. Por su experiencia y con deseo de ayudar a otros a lograr lo mismo, crea contenido educativo desde su plataforma ResidenciateconS y otros medios.
