El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, informó este viernes que el Gobierno dominicano lanzará el próximo lunes una licitación internacional para la contratación de una empresa, la cual realizará un estudio de impacto ambiental, para decidir la locación para la construcción de una presa de cola destinada a la continuación de las operaciones de la empresa minera Barrick Pueblo Viejo.
En declaraciones durante una entrevista en El Gobierno del Mañana, el funcionario precisó que la escogencia de la referida firma se hará en presencia de los medios de comunicación, y que la misma tendría la tarea de definir dónde se podrá levantar el embalse para contención de los residuos mineros.
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“El Gobierno dominicano lo que ha planteado respecto a eso es la realización de un estudio. Mediante un concurso o una licitación pública internacional que a más tardar subirá y se hará pública el próximo lunes, porque ya entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas prepararon los términos técnicos para la licitación. A más tardar el lunes se hará pública la licitación a nivel internacional, una licitación para contratar una firma independiente experta en presa de cola”, detalló.
Aclaró que el Gobierno dominicano no ha emitido ningún tipo de licencia para la construcción del referido embalse, por lo que expresa que su decisión está supeditada al resultado del estudio que realice la empresa que resulte ganadora del sorteo de licitación.
Su explicación surge a raíz del rechazo generado por varios sectores y ambientalistas, tras las pretensiones de la referida multinacional para la construcción de una presa de cola en la comunidad de Cuanse, en Yamasá.
Antonio Almonte aseguró que dado que la Barrick tiene contratos de operación por 20 años en el país, el Gobierno tiene el deber de garantizar su actividad, pero dentro del debido respeto y cuidado al medio ambiente.
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Punta Catalina
Al referirse a la Central Termoeléctrica de Punta Catalina, el ministro de Energía y Minas sostuvo que la misma será administrada por una fiduciaria como una empresa privada que venderá energía, pero se mantendrá como un patrimonio del Estado dominicano.
“Continuará siendo del Estado dominicano en función de un fideicomiso público”, sentenció.