El Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana la declaratoria de caso complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva en contra de Jesús Pascual Cabrera Ruiz y otras 13 personas que presuntamente integraban una red de narcotráfico y sicariato.
Según comunicó la Procuraduría General de la República (PGR), Cabrera Ruiz ya cumple prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana por delitos de lavado de activos producto del narcotráfico.
Añadió que, a partir de ahora, también enfrentará un proceso judicial adicional y paralelo por supuestamente dirigir la red desde prisión, la que fue desmantelada el pasado sábado en una operación conjunta del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Policía Nacional.
En la instancia, que fue depositada en las primeras horas de este lunes, el Ministerio Público además de Pascual Cabrera, también solicitó la imposición contra Juan Ángel Peña Taveras, alias El Gordito y/o El Gordo; David Emmanuel Silvestre Sierra, alias Chuplu y/o Chuplun y/o Chuplunn.
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De igual forma, contra Alexander Florián, alias Rafita; Alex Emmanuel Nina Rosario, alias Alexis; Alba Josefina Cruz, Johan Manuel Jiménez, Ismael José Sentil, Kendry José Ramírez, alias Cdi; Argenis Cedeño Berroa y Robelin Peña Junior González, todos dominicanos y contra la venezolana Edelyz Josney Relledo Vásquez y/o Edeliz Josney Rebolledo Vásquez.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana llevan una investigación contra esos imputados por el tipo penal de operaciones de tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, delito de portación y uso ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armas, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, asociación de malhechores y asesinato.
Al grupo se le atribuye la violación de la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en los Artículos 4 (e), 5, 58 a, b y c, 60, 75 párrafo III y 85 literales a, b, c y d, la Ley de Armas 631-16, en sus artículos 67, 68 y 70, que sancionan los delitos de portación y uso ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de armas.
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, artículo 3, 4 numeral 12; artículo 6; 7,9 numeral 1 y 2, y los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 304 del Código Penal Dominicano.
La red fue desmantelada el pasado sábado luego de una “profunda y activa” investigación de inteligencia que inició hace varios meses por el Ministerio Público, la Policía Nacional y la DNCD, durante la que se aplicaron “las más modernas técnicas de investigación dando resultados positivos contra el crimen organizado”.
Precisó que la operación fue ejecutada por unos 20 fiscales y más de 200 agentes de la Policía y la DNCD, quienes en el transcurso de la misma ocuparon RD$891,700.00 pesos, varios vehículos, así como diversas armas, incluyendo varios fusiles.
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La institución dijo que los operativos y los apresamientos se ejecutaron mediante órdenes judiciales en distintas zonas de Santo Domingo y La Romana, así como en la cárcel pública de San Francisco de Macorís, y en los CCR Rafey Hombres, en Santiago, y Cucama, de La Romana.
El Ministerio Público resaltó que el trabajo conjunto responde al plan estratégico que desarrollan las autoridades para combatir la criminalidad, al tiempo que dijo que cuentan con evidencias suficientes para que se les imponga la medida de coerción solicitada y que el caso sea declarado complejo.