El Gobierno de Jimmy Morales y la Cicig avivan el pulso entre sí

domingo 23 diciembre , 2018

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Jimmy Morales | Foto: EFE/Esteban Biba

Por: Oscar René Oliva

El Gobierno del presidente Jimmy Morales avivó el pulso con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), más de un año después de que ordenó la expulsión de su comisionado, el colombiano Iván Velásquez.

En un mensaje divulgado el 27 agosto de 2017, el mandatario declaró “non grato” al jurista suramericano y ordenó su inmediata salida del país por considerar que no se circunscribía a su mandato, pero resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, el más alto organismo de justicia, dejaron sin efecto esa decisión.

Morales tomó esa decisión dos días después de que la Cicig y el Ministerio Público (Fiscalía) pidieran su desafuero para investigarlo por el delito de financiación electoral ilícita en 2015, pero el jefe de Estado también salió airoso al ser arropado por el Congreso que no logró el consenso necesario para levantarle la inmunidad.

Desde entonces el mandatario ha tenido un estira y encoge con el organismo de las Naciones Unidas -que se estableció en Guatemala en 2007 para contribuir al desmantelamiento de los aparatos clandestinos paralelos de seguridad y las mafias que operan en el Estado- pero principalmente con Velásquez.

El presidente fue más allá y en septiembre pasado anunció que no renovará el mandato de la Cicig, el cual vence en ese mes de 2019, y aprovechando que Velásquez estaba fuera de Guatemala, le prohibió el ingreso al país.

Pese a que el Constitucional resolvió que el jurista colombiano puede volver al país, el Ejecutivo se mantiene firme en no permitirle el ingreso, por lo que Velásquez dirige desde el exterior a la Comisión, al haber sido ratificado por las Naciones Unidas.

Ahora las baterías se dirigieron contra 11 investigadores de la Cicig, a quienes en octubre el gobierno no les renovó la visa de trabajo.

El pasado martes, la Cancillería les pidió devolver los carnés diplomáticos y les dio un plazo de 72 horas para abandonar el país, lapso que concluyó al mediodía de este viernes.

Según el portavoz de la Cicig, Matías Ponce, los 11 funcionarios del organismo de las Naciones Unidas están fuera de Guatemala gozando de vacaciones, pero el Gobierno sostuvo que su salida fue en “obediencia” a su decisión.

Una decisión que ahora está en el aire, debido a que el Juzgado de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, constituido en Tribunal de Amparo, frenó la intención del Ejecutivo y suspendió provisionalmente la salida de los investigadores.

La fiscal general, Consuelo Porras, anunció por su parte que abrió una investigación por el delito de abuso de autoridad contra la canciller, Sandra Jovel, por la revocación de las visas a los investigadores, luego de una denuncia interpuesta por la “Alianza para las Reformas”, una organización conformada por grupos sociales, de justicia y derechos humanos.

El presidente Morales sostiene que las decisiones que ha tomado son de “Estado” ante la falta de un diálogo con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien públicamente le pidió en septiembre pasado cambiar al comisionado y nombrar otro “avalado” por Guatemala.

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre, Morales argumentó que Velásquez “violó la Constitución, nuestras leyes y el acuerdo de creación de la Cicig, manipulando la justicia y atentando contra la presunción de inocencia de muchas familias”.

El comisionado, dijo el mandatario, “se entrometió en asuntos internos del país, politizando la justicia y judicializando la política”.

Aseguró que Velásquez se ha convertido en “una amenaza” para la paz de Guatemala y que la Cicig “ha montado un sistema de terror, un sistema donde el que piensa diferente lo persigue, lo investiga”.

Aunque dirigentes de organizaciones sociales advierten que la decisión de no renovar las visas a los investigadores busca debilitar el Estado de Derecho, el presidente descartó el pasado jueves que se vaya a afectar las investigaciones porque el Ministerio Público es el responsable de la persecución penal.

“¿Acaso solo los colombianos pueden hacer las investigaciones?”, “aquí tenemos buenos investigadores”, sostuvo el vicepresidente, Jafeth Cabrera, al defender la decisión de no renovar las visas.

En opinión de Velásquez esa medida es “arbitraria” y carece de fundamento legal porque los investigadores, a los que el mandatario señala de “terroristas”, carecen de antecedentes penales.

El jurista ha dicho en el extranjero que intentará volver a Guatemala en enero próximo.

Agencia EFE

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