Directivos de la Unión de Taxis Amarillos (Unata) informaron a Z Digital que este miércoles detuvieron sus unidades en las inmediaciones del Palacio Nacional, en busca que el Gobierno gestione una solución a la incautación de sus vehículos por una deuda de alrededor de RD$80 millones.

Jhonny Suárez y Luis Reinaldo Peña, presidente y secretario de Unata, explicaron que desde la semana pasada le han estado incautando los carros, luego de que pagaran cuatro de los cinco años del acuerdo, no pudiendo terminar porque las cuentas de Arsenio Quevedo, supuesto garante, fueron congeladas en 2016, cuando fue apresado.

"Queremos ver cómo llamamos la atención del Gobierno a ver qué decisión puede tomar”, precisó Suárez, al tiempo de aclarar que no desean obstaculizar el tránsito.

El presidente de la entidad afirmó que en otro momento hicieron algo similar, sin mayores resultados.

Hasta el momento han entregado cartas tanto a la Presidencia, como a funcionarios, incluyendo al procurador general, sin que hayan obtenido ninguna respuesta, según comentaron los directivos.

De igual forma, instó a los dueños de las unidades que se encuentran en el interior del país a hacer lo propio en las distintas gobernaciones provinciales.

Las gestiones habrían iniciado en 2016 cuando Arsenio Quevedo fue apresado y por ende sus cuentas fueron congeladas, pero la situación se agudizó a partir de la semana pasada, cuando comenzó el proceso de incautación de los vehículos.

“Ahora de buenas a primera han comenzado a quitarnos las unidades. Ahora nos exigen que hagamos un saldo”, aseguró Suárez, quien dice que el Banco de Reservas pide que se haga un solo pago por todas las unidades, el cual ascendería a los ocho millones de pesos.

Detalló que el financiamiento fue por alrededor de 90 millones de pesos, pero hasta el momento se habrían pagado unos 110: “No es que se deben los vehículos, esos más de ocho millones que se deben son de intereses, por moras y gastos legales”.

Explicó que al cumplirse el tiempo sin haber cunmplido el pago, la entidad bancaria le confiscó una propiedad de 35 millones a la empresa que fungió como garante Himpiecesa s.r.l, lo que sumado a unos 75 millones que alegan ya habían pagado, la suma asciende a alrededor de 110.

Citó a la señora Silvia Terrero, como una de las representantes de la entidad bancaria a la que en varias ocasiones acudieron. “Todavía últimamente hemos estado yendo al banco tratando de buscar una solución, buscábamos que se nos desligara para poder seguir pagando y saldar nuestro compromiso, pero no fue posible”, sostuvo el presidente de Unata.

Luego de haber pagado alrededor de RD$700 mil por cada carro, quedaron debiendo menos del 20 %, pero reconocen que actualmente ninguna de las unidades cuesta más de 100 mil pesos.


Luis Reinaldo Peña y Jhonny Suárez | Foto Kelvin de la Cruz.

No obstante, alegan que es la única forma de trabajo que tienen, por eso recurrentemente tienen que invertir en reparación de los carros. Asimismo, confesó que algunos de los choferes han decidido dejar arrumbadas sus unidades ya que creen que les serán confiscadas, por tal razón no invierten dinero para arreglarlas.

Estiman en alrededor de 120 unidades que quedan en funcionamiento, cuando hace seis años el proyecto se produjo con 200 carros de la marca Byd.

Explicó que por tratarse de un proyecto de gas natural, las autoridades les ofrecerían facilidades para promocionar ese tipo de combustible a nivel nacional. “También se nos prometió que se iba a congelar el precio del gas natural, que cuando eso estaba a 18 pesos”, agregó.

Suárez hizo referencia a las supuestas promesas de campaña que se le hicieron al grupo de trabajadores del volante, las cuales no fueron cumplidas, ni porque trabajaron de diversas formas en la campaña del presidente Medina.

“Que nos ayude, que nos meta la mano en eso. Somos gente del volante que vive de esto y si perdemos las unidades tendremos que buscar otro empleo y no queremos hacer lo mal hecho”, pidió Luis Reinaldo Peña, secretario de la agrupación, al presidente Danilo Medina.

Recordaron que varios planes para renovar flotillas de vehículos han fracasado, por tal razón afirmaron que los taxis amarillos ha sido uno de los proyectos que más dinero han pagado.

Peña advirtió que las incautaciones podrían terminar en hechos violentos, que aunque el llamado a los choferes es no poner resistencia, sabe que los ánimos podrían verse caldeados.