La expresidenta brasileña Dilma Rousseff dijo este miércoles que el registro que la Policía hizo el martes en la casa de uno de los hijos de Luiz Inácio Lula da Silva forma parte de la persecución con la que el Gobierno intenta impedir que su antecesor y padrino político dispute las elecciones presidenciales.

"La intención de la Policía fue fomentar la persecución al mayor líder popular de Brasil, que, pese a todo, cuenta con el apoyo del pueblo", aseguró en Twitter Rousseff, destituida el año pasado por el Congreso tras un polémico juicio político. 

La mandataria se refirió a un registro sin mandato judicial que agentes de la Policía Civil del estado de Sao Paulo hicieron la víspera en la casa de Marcos Claudio da Silva, uno de los hijos del expresidente, para supuestamente buscar drogas.

La Policía admitió que realizó el registro tras recibir una denuncia anónima sobre la supuesta presencia de drogas alucinógenas en una residencia en Paulinia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.  

Los agentes que realizaron la operación dijeron no haber encontrado nada ilegal.

La "invasión", "basada tan sólo en una denuncia anónima y falsa", fue "otra acción abusiva cometida por exhibicionismo para los medios de comunicación", ya que no había ninguna investigación en marcha que justificase el registro, alertó Rousseff, que gobernó Brasil entre 2011 y 2016 como sucesora de Lula (2003-2010), su correligionario en el Partido de los Trabajadores (PT). 

"Nada fue encontrado en la búsqueda policial, lo que demuestra el abuso cometido por las autoridades tan sólo para alimentar una gran prensa sedienta por escándalos", agregó la exmandataria.

También advirtió que el uso político de las instituciones en Brasil está generando un clima de "excepción que, si no es combatido, se convertirá en el huevo de la serpiente del fascismo".

El registro también fue duramente condenado por los abogados de Lula y por el PT. 

De acuerdo con un comunicado divulgado por el mayor partido de izquierda de América Latina, la operación policial hecha a partir de una "supuesta y falsa denuncia anónima fue una violencia que tiene que ser explicada por las autoridades involucradas".

"La persecución a Lula y su familia no tiene límites", agregó en su nota la dirección de partido que gobernó Brasil por trece años hasta 2016.

Tanto el PT como el propio Lula atribuyen las diferentes denuncias por corrupción contra el exmandatario a una persecución política para impedirle que dispute las presidenciales del próximo año, en las que aparece como máximo favorito.

El exjefe de Estado, que ya fue condenado a nueve años y medio de prisión en uno de los casos por corrupción, ha sido imputado en otros seis procesos, en su mayoría relacionados al gigantesco escándalo de desvío de recursos públicos en la petrolera estatal Petrobras.

Lula, que ha admitido su deseo de disputar las presidenciales, lidera todos los sondeos de intención de voto para esas elecciones, aunque también tiene un índice de rechazo superior a la mitad del electorado.

El dirigente del Partido de los Trabajadores corre contra el tiempo debido a que en caso de que la primera condena sea confirmada en segunda instancia, así pueda presentar nuevos recursos y permanecer en libertad, estará inhabilitado para disputar las elecciones de octubre de 2018.