Por: Washington Wandelpool (Experto en Derecho Laboral. Constitucionalista maestrante de la PUCMM. Egresado de la unidad de programas educativos de la Cámara de Diputados. Miembro fundador de Wandelpool & Wandelpool, Asesores Legales, S.R.L.

En la legislación laboral vigente la maternidad goza de una importante protección, pues se dedica el primer título del libro cuarto “sobre regulación oficial de algunos contratos de trabajo” a establecer excepciones a favor de la mujer durante el periodo de gestación y hasta un año después del nacimiento de la criatura. 

El artículo 231 del código de trabajo justifica la protección de la maternidad estableciendo que la mujer goza de los mismos derechos y tiene los mismos deberes que el hombre en lo que concierne a las leyes de trabajo, sin más excepciones que las establecidas en el presente título, cuyo propósito es la protección de la maternidad.

En ese sentido, los derechos claves que encontramos en el código de trabajo, incluyen: la  anulación de cualquier cancelación contra la trabajadora embarazada y hasta tres meses después del parto (art. 232); la obligación de solicitar la previa autorización al Ministerio de Trabajo para despedir a una trabajadora, así como la penalización con cinco salarios en los casos de despido sin autorización (art. 233). 

Además, el derecho de la trabajadora embarazada a exigir ser trasladada de área de trabajo cuando la labor afecte su salud o la de la criatura y en los casos de no ser posible, otorgarle licencia no remunerada (art. 235); el derecho a percibir un descanso remunerado, antes del parto y después del nacimiento de la criatura (art. 236); la obligación del empleador de concederle sus vacaciones después de la licencia postnatal en caso que la solicite (art. 238). 

Así como el derecho a percibir durante 12 meses de lactancia, tres descansos de 20 minutos para amamantar a la criatura o en caso contrario disponer del mismo tiempo con el mismo propósito al final de la jornada diaria (art. 240); obligación de conceder a la trabajadora medio día cada mes y durante 12 meses para visitas médicas (art. 243).

Actualmente se discuten algunas modificaciones al régimen de protección de la maternidad que la población debe conocer. Se pretende modificar la disposición que prohíbe la cancelación de una trabajadora embarazada permitiéndole otorgar descargo, consintiendo la cancelación a cambio de sus prestaciones laborales. En otro orden, se ha propuesto permitir que la trabajadora renuncie al empleo, cuestión que en la legislación actual no es posible. 

En contraposición, los juristas Joaquín Luciano y Darío Suarez, quienes integran la comisión de revisión del Código de Trabajo, han propuesto mantener la disposición que prohíbe el desahucio de una mujer embarazada y aumentar el plazo de prohibición de tres meses a seis meses a partir del nacimiento de la criatura. También propusieron eliminar la indemnización de los cinco salarios para los casos de despido no autorizado, en tanto un despido no autorizado sea nulo y sin efecto jurídico, y que el contrato de trabajo mantenga su vigencia. 

Un punto consensuado es la obligación del empleador de pagar las licencias pre y post natal en caso de no afiliación o no cotización al día en el Sistema Dominicano de la Seguridad Social.

Frente a estas discusiones es notorio que una reforma laboral afectará la protección de la maternidad. En ese sentido debo señalar que este fuero laboral encuentra su base en el interés superior del niño previsto en el artículo 56 de la Constitución de 2010 y que se fortalece con el principio constitucional de inviolabilidad de la vida desde la concepción previsto en el artículo 37 de la Carta Sustantiva. 

De ahí que el principio pro homine y de no retroceso social obliga a los actores involucrados en el proceso de reforma al Código de Trabajo a reforzar los derechos de protección de la mujer embarazada y aprobar un proyecto que proteja aún más a la criatura concebida y a la mujer trabajadora.

Lo arriba expresado me lleva a concluir que una reforma laboral que desconozca los derechos y excepciones contenidos en el código de trabajo vigente serán anulados por el Tribunal Constitucional en su labor de garantizar la supremacía de la Constitución Dominicana.    

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