El Ministerio Público logró que fueran condenados 21 funcionarios, empleados y personas vinculadas a casos de corrupción con penas de hasta ocho años de prisión y el pago de multas por montos que superan los RD$100 millones, tras ser hallados culpables de delitos de corrupción. 

Asimismo señaló, a través de un comunicado, que  han sido sometidas decenas de otros funcionarios y exfuncionarios de alto rango para que respondan ante la justicia en procesos que se encuentran en curso sin importar los gobiernos ni partidos que hayan pertenecido los mismos.

La institución indicó que las sentencias condenatorias fueron emitidas este año en diferentes tribunales del país por los delitos de desfalco contra el Estado, prevaricación, coalición de funcionarios y asociación de malhechores.

El procurador general de la República, Jean Rodríguez, dijo que seguirán duplicando los esfuerzos en interés de lograr una mejor administración de los fondos públicos, fomentar el establecimiento de una cultura de transparencia y fortalecer cada vez más la lucha contra la corrupción en el país, esperando que el Poder Judicial haga también su parte.

La Procuraduría General de la República indicó que las condenas fueron impuestas luego que el equipo de fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) demostraran la comisión de los hechos imputados que constituyen una violación a la Constitución, el Código Penal Dominicano, la Ley No. 6200 del Ejercicio de la Ingeniería y la Arquitectura, y la antigua Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos. 

Una de las condenas, señala la institución, fue la impuesta por el Tribunal Colegiado de San Cristóbal en contra del exalcalde de esta provincia, Raúl Mondesí Avelino, quien fue sentenciado a 8 años de prisión y al pago de una multa de RD$60 millones de pesos y la inhabilitación por 10 años para ocupar cargos públicos. 

Explica que junto a Mondesí el Ministerio Público también logró que fueran sentenciados el exsecretario de dicha alcaldía, Bienvenido Araujo Japa, y el extesorero Jesús Antonio Ferreira, quienes fueron condenados a 7 y 6 años de reclusión, el pago cada uno de una multa de RD$20 millones y la inhabilitación por 6 años y 7 años para ocupar cargos públicos, respectivamente. 

La institución señaló que por igual, tras acoger la petición del Ministerio Público, el Segundo Tribunal Colegiado de la provincia de Santo Domingo dictó una sentencia condenatoria de 5 años de prisión en contra del exalcalde de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez Gullón, en tanto que el ex encargado de nómina, Jerson Neris Lizardo Pérez, fue condenado a 8 años de reclusión. 

Indicó que la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra de los encartados en el caso del Seguro Médico para Maestros (SEMMA) Marcelino Rijo Guzmán, Eddy Leonardo Terrero Fermín y Bélgica Olga Díaz Moreno.

Con relación al caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA), indicó que la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó una condena de 3 años de prisión y el pago de una multa de RD$500 mil en contra del exdirector de esa entidad, Marcos Lara Lorenzo, y de 2 años de prisión y el pago de una multa de RD$250 mil en contra de Sauris Rodríguez Sánchez y Juan Portalatín Castillo.

En otra decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Puerto Plata condenó a los exdirectores de la Junta Distrital de Cabarete, Gabriel Antonio Mora Ramírez y Eddy Ramón Morfe, quienes fueron sentenciados a 2 años de reclusión menor y al pago de una multa equivalente a los valores desfalcados, ascendentes a RD$831,226.00 y RD$910,297.00 a favor del Estado dominicano.

Se recuerda que gracias a las diligencias del Ministerio Público, se logró que dicho tribunal revocara una decisión del Tribunal Colegiado de Puerto Plata mediante la cual los imputados habían sido descargados de los delitos de prevaricación y desfalco.

El organismo persecutor igualmente indica que la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega ratificó una condena de 3 años de reclusión en contra del exalcalde de la Junta Distrital de La Bija, de Cotuí, Jesús Jiménez Castro. 

De igual manera, precisó que contra el exdirector y la exsubdirectora del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Hacienda, Sergio Tulio Suncar Liriano e Isabel María Soto Santana, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificó una decisión del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que lo condena a 7 años de prisión e igualmente condena al empleado de esa entidad Ángel José Castro a 5 años de reclusión.

La dirección de comunicación y prensa de la Procuraduría General, indica que la institución también obtuvo sentencias condenatorias en contra del exdirector del Departamento de Edificaciones Escolares de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y del excoordinador de la Dirección Técnica de esa entidad, Alejandro Isidoro De Los Santos y Joel Soriano Fabián, quienes fueron condenados por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional a seis y cinco años de prisión, respectivamente. 

En torno a ese mismo caso de OISOE, detalló que el tribunal también condenó a 5 años de reclusión a los imputados Ernesto Romero y el abogado Julio Rafael Pérez Alejo, éste último quien fue identificado como “El hombre del maletín” o “El hombre de los anillos”, y que aunque no laboraba para esa entidad, tenía a cargo la entrega del dinero prestado a contratistas para el avance de la construcción de las obras. 

Casos en letargo fueron reabiertos con resultados favorables

La Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría destaca que se lograron decisiones favorables como resultado de las instrucciones dadas por el magistrado Jean Rodríguez al Ministerio Público para reabrir y darle continuidad a casos que se encontraban en un letargo a varios años de haberse iniciado el proceso judicial.

Destaca en ese orden, las citadas condenas de 3 y 2 años de prisión y el pago de multas impuestas a solicitud del Ministerio Público en contra de los encartados en el caso del Programa de Reducción de Apagones (PRA).

Igualmente, expresa que tras varios años de haberse iniciado una investigación contra el exdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Héctor Rodríguez Pimentel y otras seis personas involucradas de la malversación de RD$1,500 millones y US$56,479,038.41 de esa institución, el Ministerio Público logró que se dictara apertura a juicio en su contra.

Junto a Rodríguez Pimentel también fueron enviados a juicio de fondo por su vinculación al caso, Príamo Méndez Cuesta, Manuel De La Cruz Martínez, José́ Antonio Pérez Jiménez, Fior D’ Aliza del Carmen Ares Salazar, Víctor Hugo Batista Linares y Teodoro Ruiz.

Más casos con apertura a juicio 

El Ministerio Público además logró este año apertura a juicio en contra de los inculpados José Mercedes Martínez Emeterio, Willis Alberto Vilorio Sarante y Basilia Castillo Espinal, en su calidad de alcalde, extesorero y esposa del exalcalde de Las Terrenas. 

Además, fueron enviados a juicio de fondo el exalcalde del municipio cabecera de la provincia de La Romana, Juan Antonio Adames, y los extesoreros del cabildo, Rafael Rocha y Remigio Pilier. 

Está igualmente en fase de apertura a juicio el caso de desfalco de la Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional (FODEARTE) en el que está involucrada Octavia Angélica Medina. 

Acusaciones 

Al exponer las acciones que lleva a cabo para perseguir y procurar sanción en los casos de corrupción, la Procuraduría precisa que presentó acusación en contra de los involucrados en los US$3.5 millones de dólares que habría pagado como sobornos la empresa brasileña Embraer para obtener los contratos de venta de ocho aviones Super Tucano. 

En ese expediente figuran como imputados el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y el coronel de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Carlos Piccini, así como Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Israel Abreu, Félix del Orbe, y las empresas Embraer, 4D Group y Magicorp.

Medidas de coerción 

La entidad del Ministerio Público a cargo de la persecución de la corrupción señala finalmente que mantienen distintas medidas de coerción los 14 implicados en los US$92 millones dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió que pagó para obtener contratos de obras en el país.

Resalta que en un hecho sin precedentes y actuando de forma responsable, las medidas de coerción fueron solicitadas e impuestas a Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Ruddy González, Andrés Bautista, Temístocles Montás, César Sánchez, Máximo De Óleo, Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria.

La institución resaltó que dentro del rol del Ministerio Público en materia de corrupción administrativa, el año 2017 ha sido el año de mayor cantidad de condenas, más sometimientos y logro de medidas de coerción a funcionarios y exfuncionarios de relevancia en la historia de la República Dominicana, lo que marca el inicio de un cambio en el fortalecimiento institucional.