La abogada Laura Acosta Lora consideró atinado el acuerdo suscrito entre el Estado a través de la Procuraduría General de la República y la constructora brasileña Odebrecht, pero cuestionó que sólo se sujetara al pago de 184 millones de dólares por los sobornos admitidos para ser favorecida con obras gubernamentales.

La jurista, que representó al Estado para recuperar los terrenos de Bahía de las Águilas, en Pedernales, criticó que la Procuraduría sólo se circunscribiera a un pacto en base al “criterio de la opoturnidad” que se establece en el Código Procesal Penal y rehusara continuar las investigaciones en torno a los daños causados al Estado y país por Odebrecht con la sobrevaluación de las obras.

Además, a manera de preocupación y por estimarlo ilógico, cuestionó que no se ordenara una auditoría de las obras y que no se suspendiera las operaciones de la constructora brasileña en el país, como ocurrió cuando se descubrió un gran fraude contra el Estado con la venta de medicamentos con fechas falsificadas.

Recordó que con ese caso se sentó jurisprudencia y al propietario de las empresas y a sus familiares se les cancelaron los registros de operaciones y se les prohibió solicitar otros nuevos durante un período de cinco años.

Basó sus cuestionamientos al acuerdo entre Odebrecht y la Procuraduría en que el Minisaterio Público sólo atinó a recibir de la empresa 184 millones de dólares, cuando los daños al país son mucho mayores y no se ha cuantificado el monto.

Sin embargo, consideró que el procurador Jean Alain Rodríguez tiene razón al sostener que la auditoría de las obras ejecutadas por Odebrecht desde 2001 a 2014 es de carácter administrativo porque esa accion pertenecería a otras instancias del Estado, como en el caso de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Presidencia de la República.

“Es innegable,  es cierto que se ha llegado a un acuerdo para ampliar el proceso investigativo”, manifestó al ser entrevistada vía telefónica en el programa “En La Mira”, que producen las periodisitas Amelia Deschamps y Edith Febles en la emisora Fidelity 94.1 FM.

Resaltó la parte del acuerdo en la cual se establece evitar la doble persecución, de manera que los ejecutivos de Odebrecht penalizados o sometidos a procedimientos judiciales en Estados Unidos, Brasil y Suiza, no sean perseguidos en el país, pero sí aquellos que no lo han sido.

“Lo que procedía y procede es un acuerdo con sanción penal contra una compañía violadora de la ley, porque ésta puede aportar las pruebas y pautaas para destrabar el entramado mafioso en que incurrió en República Dominicana”, manifestó la jurista.

En su opinión, el acuerdo arribado es una modificación a la sentencia de devolución del acuerdo inicial que hizo el juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, José Alejando Vargas, quien afirmó que mandó a emprender la persecución y acción penal contra los ejecutivos de Odebrecht involucrados en el delito de soborno y estafa contra el Estado dominicano.

Admite que con el acuerdo avalado ayer en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional “hay una apertura para perseguir a otros que no hayan sido perseguidos por otra juriddicción judicial”.

Pero insistió en que “el acuerdo debió ser mejor, y no que se estableciera un monto fijo para pagarlo en ocho años, sin que el Estado haya pensado en el mecanismo de la compensación real, en base al tiempo y los intereses”.