El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, llamó ayer miércoles a evitar caer en el "populismo penal" en el caso Odebrecht.

"Yya que las responsabilidades penales se deben establecer de manera diáfana en los tribunales de la República", expresó en un comunicado publicado en la página web de la Fundación.

El Ministerio Público debe escuchar atentamente los reclamos sociales y mantenerse en permanente investigación, mostrando contundencia en las decisiones que toma y atendiendo a las opiniones que expresan la desconfianza de importantes sectores sociales que están basados en las tristes experiencias del pasado reciente", manifestó.

Dijo que el caso Odebrecht constituye el proceso penal "más importante" en la historia de la República Dominicana por  a las personas e instituciones comprometicas con el fortalecimiento del sistema de jucia la gravedad de los hechos, por la notoriedad de las personas acusadas y por las expectativas generadas en  la sociedad. 

"Por ello la ciudadanía debe dar seguimiento estricto a este proceso porque consideramos que tanto la forma como sea conducido, como sus conclusiones tendrán gravísimas consecuencias para la institucionalidad, el régimen democrático y el sistema político", destacó.

Afirmó que si las investigaciones del Ministerio Público concluyen que posee las pruebas suficientes para conseguir una condena contra los siente acusados del caso, "es ahí donde debe concentrar su labor". 

"La decisión de archivar provisionalmente algunos casos en particular responden a criterios de la Ley Procesal Penal que permiten al Ministerio Público, concentrarse en los acusados que representan una mayor posibilidad de condena, mientras deja abierta la opción de revisar el archivo provisional si las circunstancias, pruebas y evidencias que vayan apareciendo indican responsabilidad de esas personas", explicó.

Castaños Guzmán apuntó que el Ministerio Público debe concentrarse en mostrar que sus actos permitirán juzgar los hechos delictivos en base a evidencias y pruebas sólidas, para facilitar el desarrollo sustancial del proceso. Además, de que tiene sobre sus hombros la labor de demostrar los fundamentos de su la larga investigación y sobre todo que tiene la decisión firme de llevar el caso hasta las últimas consecuencias.

"Nuestra opinión no se basa ni en la ingenuidad ni en la sospecha. Valoramos que todos los argumentos y opiniones que se emitan en este caso deben apelar a la razonabilidad y apoyarse en el análisis de los pasos tanto del Ministerio Público, como órgano encargado de la persecución, como del Poder Judicial, como responsable de juzgar los hechos y las evidencias", argumentó.

"En ese orden, el Ministerio Público está obligado a evitar que cada una de las decisiones que ha tomado no sean engavetadas ni tengan poca sustentación. Estos son reclamos de la ciudadanía, que reflejan la urgencia de que los sistemas de control de las instituciones sean fortalecidos y nuestro régimen de consecuencias caiga sobre los responsables de la corrupción que nos afecta", precisó.

Foto: Kelvin de la Cruz