Por: Washington Wandelpool (Experto en Derecho Laboral. Constitucionalista maestrante de la PUCMM. Egresado de la unidad de programas educativos de la Cámara de Diputados. Miembro fundador de Wandelpool & Wandelpool, Asesores Legales, S.R.L.

Como es bien sabido, la reforma laboral es uno de los temas más discutidos en los últimos seis años y responde por supuesto a las fricciones que genera la pretensión de reducir derechos y conquistas laborales que fueron agrandados en 1992 con la promulgación de la ley 16-92 que instituye código de trabajo vigente en la actualidad.

Mucho se ha dicho sobre el impacto económico que representa para las empresas dominicanas, la carga laboral. Se habla regularmente de los compromisos de la seguridad social; los derechos adquiridos tales como vacaciones y salario de navidad; la participación en los beneficios de la empresa y con énfasis la cesantía laboral.

El código de trabajo contiene disposiciones que regulan el auxilio de cesantía. El artículo 80 contiene entre líneas una definición. Se entiende por cesantía laboral, la indemnización a que tiene derecho todo trabajador o trabajadora por sus años laborados y en los casos de terminación del contrato de trabajo por tiempo indefinido sin alegar causa o cuando resulta injustificada. La cesantía laboral debe ser pagada a partir de tres meses de labores ininterrumpida y representa seis días de salario para contratos con una duración de tres meses y menos de seis meses. 

Los contratos de más de seis meses y menos de un año generan una cesantía laboral de 13 días, mientras que a partir de un año deben ser indemnizados con una cesantía de 21 días de salario ordinario por cada año hasta cinco años. La última escala es a partir de cinco años de labores ininterrumpidos, que representa 23 días de salario ordinario por cada año contados desde el primer año de labores.   

Expresado lo de arriba, quiero reflexionar junto al lector sobre la implicación de eliminar la cesantía laboral en un nuevo código de trabajo. Se impone entonces hacer referencia a la cláusula de no retroceso social contenida en el artículo 110 de la Constitución de 2010. 

Irretroactividad de la ley. La ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

Lo que se desprende de esta cláusula constitucional es que los derechos de los trabajadores no pueden ser objeto de regresión, especialmente porque se trata de derechos sociales con efecto progresivo y que es responsabilidad del Estado perfeccionarlos para reducir la brecha social inherente a las relaciones de producción.

Cláusula de no retroceso social en modo alguno implica que el Estado, al garantizar un sistema de seguridad social efectivo, seguro de riesgos laborales y accidente de trabajo;  así como el seguro de desempleo en sustitución de la cesantía laboral no estaría cumpliendo con su función esencial en tanto garantizar los medios que permitan a cada persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. 

El punto de inflexión, sin embargo, son los derechos a cesantía adquiridos por cada trabajador o el denominado pasivo laboral de cada empresa. De aprobarse una legislación laboral que limite, elimine o modifique la cesantía laboral deberá ser a condición de garantizar a cada trabajador sus prestaciones sociales por los años de antigüedad que acumuló. Esto representará sin dudas una carga que el empresariado no soportará y requerirá por consiguiente la colaboración del Estado.

Otra posibilidad que no resulta alentadora es que aplicada la ley con efecto hacia el porvenir, el pasivo laboral correrá la suerte de la ruptura del contrato de trabajo; esto es: “si te despido pierdes tus prestaciones laborales”, originando lo que hemos denominado una cacería de trabajadores con efecto desestabilizador y pondrá en riesgo la seguridad jurídica de las empresas por la cantidad demandas laborales a que dará lugar los despidos y dimisiones masivas.

El legislativo no debe aprobar leyes que luego sean sancionadas con la inconstitucionalidad porque afecta el Estado social y democrático de derecho. En ese sentido la cesantía laboral debe ser discutida con apariencia virginal.

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