Por: Eddy Olivares (abogado especializado en derecho constitucional y derecho electoral) 

El irrazonable intento secesionista de los independentistas de la región catalana, nos brinda la oportunidad de desentrañar una serie de temas políticos y legales, que son indispensables para entender el funcionamiento de la sociedad española.

A propósito de lo anterior, es procedente resaltar que cuando se creó la España que hoy conocemos, mediante la unión matrimonial de los Reyes católicos Isabel y Fernando, que ostentaban las coronas de Castilla y Aragón, respectivamente, Cataluña era un territorio más de este último reino. 

Por demás, Cataluña nunca ha sido un país independiente, aunque ha intentado serlo, fallidamente, dos veces, una al inicio del Siglo XVIII, durante la Guerra de Sucesión que culminó con la llegada al trono de España de Felipe V, y otra durante la Segunda República Española, en plena Guerra Civil.

Tras la finalización de la dictadura del General Franco, que sufrieron los españoles durante cuarenta años, y la instauración de la democracia, la Constitución Política del año 1978 reconoció la singularidad de algunos territorios que conforman el Reino de España, entre los cuales se encuentra Cataluña, e instituyó el llamado estado autonómico, que es un modelo cuasi federal, mediante el que España se organizó territorialmente en 17 Comunidades autónomas dotadas de autogobierno y parlamento propios para el ejercicio de una serie de competencias que se les reconocen como exclusivas y al margen de la intervención del Estado central.

A partir de entonces, durante cuatro décadas, los distintos gobiernos catalanes, encabezados la mayor parte del tiempo por grupos catalanistas y movimientos independentistas, iniciaron su lucha por la secesión, mediante un clima de denostación de lo español y de fortalecimiento de la identidad catalana. No obstante, al día de hoy los independentistas cuentan con aproximadamente el 40 por ciento de la población de Cataluña.

Sin embargo, el pacto constitucional español, firmado en el año 1978 y ratificado mediante referéndum por el pueblo,  recibió el apoyo de un porcentaje que rondó el 87,78 por ciento, con la particularidad de que, precisamente, en Cataluña llegó al 91 por ciento del 58,97 por ciento del censo electoral.

Como producto de este acontecimiento la unidad de España quedó sellada e impedida la posibilidad de separarse de ella para formar estados independientes o integrarse en alguno existente. Se trata de una disposición que si bien es cierto que no es intangible, para modificarla se requiere de una reforma de la Constitución conforme a los procedimientos establecidos en la misma.

Todo parece indicar que el referéndum con que se pretende justificar la secesión se desarrolló en un proceso de votación carente de libertad, objetividad e integridad, al margen de la constitución y la ley. 

Motivos como la generación de riqueza y sentirse diferentes al resto de España, aducidos por los independentistas catalanes, no son suficientes para justificar una secesión, ya que como sostiene David Miller, en su obra Sobre la Nacionalidad: “…el principio de autodeterminación nacional está muy lejos de dar licencia a un separatismo libre de hacer lo que quiera”.

Frente a los preocupantes acontecimientos que se han producido en Cataluña debe imponerse el respeto a la constitución y al principio de legalidad.

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